El pasado 12 de octubre la radio cubana difundió por la estación Radio Reloj el texto de un periodista oficial acerca del impedimento de viajar a La Habana de la Orquesta Sinfónica de New York. El periodista condenó la prohibición como un atentado.
El 9 de octubre el Club de Escritores celebraría otra de sus sesiones de análisis y discusión de los cuentos de uno de sus miembros, Juan González Febles. La reunión tendría lugar en el apartamento de J. Madrazo, sede del Comité de Integración Racial.
Lamentablemente, el modesto evento no pudo realizarse por la intervención de la policía política. Al señor J. Madrazo lo detuvieron por la mañana y lo liberaron en horas de la noche en El Wajay, en las afueras de la capital.
La prensa oficial no se ocupa de estos hechos. Los periodistas que trabajan en los medios de prensa nacionales no pueden comentar estas cosas. No se les permite. Tampoco se les informa.
Sin embargo, se obliga a los periodistas oficiales a escribir artículos de condena, como el texto que escuché por la radio, donde acusaban al Departamento de Estado estadounidense de sumarse al embargo, de cometer un atentado cultural.
Mientras, en La Habana la policía política impide por la fuerza la reunión pacífica de una decena de intelectuales que se sienten libres para reunirse y discutir los textos presentados por un colega y amigo, en un espacio propio de carácter civilista. Un evento sin estridencias, ni otro fin que el de interesarse por escuchar las inquietudes literarias de alguien que no deja su libertad de expresión en manos de alguaciles.
En el archipiélago que es la sociedad cubana, existe la isla de los que no dejan sus derechos al arbitrio de funcionarios. La diferencia con el resto es que para nosotros la ausencia de derechos es más evidente.
Vivimos sin amparo de ninguna ley. “Para ustedes no hay leyes”, dijo, amparado por el poder, un oficial de la policía política a un miembro de la Red de Comunicadores Comunitarios cuando reclamó la devolución de una cámara fotográfica que le quitaron por la fuerza.
Una de las trampas de la involución social que vive Cuba desde hace cinco décadas, es que las autoridades se empeñan en divulgar la especie de que aquí se respetan los derechos de los ciudadanos. No hay mentira más flagrante, ni abismo más profundo en el que pretendan arrojar a los incautos que atiendan la falsedad de ese discurso.