Usted preguntará por qué luchamos

124519939_811a13c7141Si Juan Antonio Madrazo Luna no fuera un líder cívico de reconocida proyección internacional muy posiblemente en el momento que usted lee estas páginas estaría purgando un injusta condena junto a tantas decenas de miles de inocentes que pueblan los centenares de prisiones de la Isla.

El hecho y la circunstancia por cotidianos y corrientes no dejan de ser en extremo preocupantes. En la mañana del 13 de noviembre de 2009 Madrazo Luna fue sorpresivamente interceptado en una avenida habanera por un policía de civil que se ocupaba en una costumbrista redada que el ingenio popular han bautizado como “operativos caza negros” a causa del descarnado matiz racista que revisten. El vigilante luego de identificarse procedió a acusarlo sin fundamento alguno de ladrón callejero, bajo el argumento de que tenia las características fenotipicas del malhechor, el joven activista a su vez mostró sus documentos y protestó con vehemencia contra la absurda y arbitraria calumnia y esto fue suficiente para que el agente asegurara que Madrazo Luna pretendía agredirlo físicamente, lo cual le sirvió para trasladarlo a la más cercana estación de policía acusado nada menos que de atentado.

Mientras sus familiares, amigos y compañeros esperábamos infructuosamente ser adecuadamente atendidos por los funcionarios policiales, Madrazo Luna comenzaba a sufrir las amenazas y presiones que normalmente enfrentan todos los detenidos y encartados cubanos y se desataba una intensa campaña internacional de denuncia, respaldo y solidaridad a favor del pacifico luchador injustamente represaliado.

Como era de esperar, a las pocas horas irrumpieron en la escena los oficiales de la policía política y zanjaron el incidente para evitar a las autoridades gubernamentales mayor descrédito internacional, no sin antes repartir su cuota de cobarde intimidación a los familiares del activista.

A media tarde comenzaron a llegar por vía telefónica las repercusiones mediáticas y las muestras de solidaridad que de diferentes partes del mundo recibíamos, sin que un solo corresponsal de prensa extranjera o periodista independiente se personara en el lugar. Finalmente la media docena de familiares y colegas pudimos marchar del recinto policial con nuestro hermano libre de cargos.

Allí concluyó el incidente en que nos vimos envueltos, pero no la triste saga de arbitrariedades e injusticias a que están sometidos los cubanos de a pie, principalmente los jóvenes afrodescendientes que, sin garantías ni protección, se exponen a caer victimas de la soberbia y la impunidad de las autoridades policiales que, en lugar de proteger la tranquilidad ciudadana, se dedican a reprimir inocentes que sufren acusaciones y condenas desproporcionadas, la brutalidad y el maltrato de policías y carceleros sin que exista un mecanismo institucional o jurídico que prevenga o combata tales practicas.

El racismo intrínseco de la élite gobernante se transforma en el principio metodológico que convierte a cada joven afrodescendiente en un potencial delincuente sólo por sus características fenotípicas. La aberración jurídica del llamado índice de peligrosidad predelictiva y las acusaciones de desacato y atentado para los ciudadanos que se atreven a protestar contra la cotidiana arbitrariedad policial han privado de la libertad a muchos jóvenes inocentes y anónimos que deben enfrentar la dura experiencia del sistema penitenciario nacional, espacio donde el abuso de autoridad y la corrupción son el amargo pan de cada día y la dignidad humana tiene muy poco valor.

Como la policía nacional y el sistema judicial no escapan a la espiral de corrupción que degrada a la sociedad cubana no es difícil para los delincuentes consagrados negociar intereses con los agentes del orden público o eventualmente pagar a buen precio la exoneración penal, mientras muchos ciudadanos indefensos son reprimidos por actitudes, acciones y comportamientos que no son considerados delito en ningún lugar del mundo occidental.

En varios espacios de debate intelectual, generalmente cerrados y fiscalizados se cuestiona con frecuencia las tendencias y prácticas racistas de la policía que tanto complican el andar callejero de los afrodescendientes cubanos; pero hasta ahora tales valoraciones y protestas sólo quedan en el marco estrecho de las disquisiciones elitistas. En el único de esos debates en que pude usar de la palabra aseguré que este es un problema fácil de resolver logrando que la policía fundamente su acción en el delito in fraganti o probado y no en las características físicas de las personas.

De hecho las autoridades, los espacios mediáticos y la prensa oficial -única permitida- continúan sin prestar la atención que merece esta realidad que tanto complica nuestra convivencia. Tal parece que a los gobernantes cubanos les cuesta mucho trabajo deshacerse de los patrones racistas que han marcado durante siglos los derroteros de esta nación, negándose además a renunciar a los mecanismos que a través del terror inducido garantizan el control y dominio sobre toda la sociedad.

La arbitrariedad institucionalizada y los silencios cómplices contrastan con la preocupación manifestada por la periodista Juana Carrasco quien en un articulo publicado en el diario Juventud Rebelde (11 de octubre de 2009) con el título “Bajo sospecha razonable, el estado policiaco”, se rasga las vestiduras de indignación a causa de la connotación discriminatoria que se le imputa a la practica policial conocida como “parar y registrar” utilizada por la gendarmería de varias grandes ciudades de los Estados Unidos con el objetivo de minimizar el delito.

La periodista fundamenta sus encendidas disquisiciones en una información sobre el particular emitida por la agencia noticiosa norteamericana Asociated Press que aporta testimonios y valoraciones sobre el tema. La vocear oficialista, amante de la justicia y defensora de los derechos de las minorías étnicas de los Estados Unidos expone en su articulo las cifras de afronorteamericanos e hispanos que han sido victimas inocentes del procedimiento que se ampara en una decisión emitida en 1968 por la Corte Suprema que autorizo la detención por “sospecha razonable”. La autora llega a mostrar su inquietud porque “casi se le hace imposible a los organismos u organizaciones de los derechos civiles y humanos indagar sobre un problema que evidencia el carácter policiaco de un estado donde se mantienen vigentes las leyes de persecutorias y de vigilancia extrema”

Tamaña muestra de cinismo y doble moral casi no merece comentarios en tanto los cubanos estamos acostumbrados a esa especie de interesado hipercriticismo de frontera que impulsa a los gobernantes cubanos y sus voceros a emitir cuestionamientos y valoraciones sobre realidades foráneas mientras se abstienen de admitir culpas y responsabilidades propias por los muchos problemas que nos agobian y que ni siquiera se ventilan en el ámbito del debate social y la opinión publica.

La injusticia debe constituir motivo de inquietud y preocupación donde quiera que se cometa, pero lo que no resulta admisible es que el gobierno de la isla se erija en paladín internacional de los derechos y la integridad ajena al tiempo que tantos cubanos continúen sometidos a la arbitrariedad y el desamparo.

Leonardo Calvo Cárdenas
Vicecoordinador Nacional del CIR

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